La prohibición del cannabis no ha resultado ser una estrategia eficaz para reducir el alcance del mercado ilícito ni los daños a la salud asociados con la planta. Al contrario: la estrategia ha impuesto una pesada carga sobre los sistemas de justicia penal, ha provocado impactos sociales y de salud pública profundamente negativos y ha generado mercados delictivos que apuntalan la delincuencia organizada, la violencia y la corrupción. Por todo ello, la posibilidad de introducir una regulación legal de los mercados de cannabis se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para los países, lo cual crea tensiones evidentes con el marco prohibicionista de los tratados de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas.
